Sólo un tres por ciento del mar territorial español tiene protección medioambiental

Más de seis millones de hectáreas del territorio español, un 11,8% de la superficie total, cuentan con algún tipo de figura de salvaguarda medioambiental -parque nacional, parque natural, reserva, monumento natural o paisaje protegido- que, mal que bien, preserva su riqueza ecológica frente a las peores agresiones de la actividad humana. España juega ahí en primera línea de la conservación -Europa tiene protegido el 12,7% de su superficie-, con porcentajes similares a los de los países más ‘verdes’. Desde el último recuento realizado en 2005 por Europarc, la Federación de Parques Naturales y Nacionales de Europa, el espacio protegido ha crecido un 1,6% y ha ganado un millón de hectáreas en 472 nuevos enclaves, hasta sumar 1.587 en todo el país.

El mar, sin embargo, lo tenemos olvidado. «Es la gran asignatura pendiente», insiste Jorge Bonnet, presidente de Europarc, que ayer presentó el anuario 2007 sobre el estado de las áreas ibéricas protegidas. Apenas un 3% del mar territorial español, algo más de 250.000 hectáreas marinas, y un 36% de la línea costera, están amparados por títulos proteccionistas. Ahí entran espacios como el Parque Nacional de Cabrera, el de las Islas Atlánticas y otras zonas del litoral, estuarios, dunas, etc, pero «todavía no hay ningún espacio marino puro protegido, los que hay son mixtos», ligados a la costa o a territorio insular, explica Bonnet.

Buenas perspectivas

Este déficit podría empezar a paliarse pronto. En febrero, en uno de sus últimos Consejos de Ministros como titular de Medio Ambiente, Cristina Narbona activó los trámites para hacer de El Cachucho la primera Área Marina Protegida de España. El Banco Le Danois, conocido como El Cachucho, es una montaña submarina a 36 millas de la costa asturiana, a la altura de Ribadesella, bien conocida por los pescadores del Cantábrico por su extraordinaria biodiversidad marina, con casi 600 especies registradas.

El capítulo fluvial, sin embargo, mejora. De los 65.226 kilómetros de ríos de la España peninsular, 9.311 discurren por alguna figura de protección, el 14,3% de su longitud total. En tierra tampoco está todo hecho. Hace falta mejorar los instrumentos de manejo de los espacios terrestres, planes de ordenación y de gestión. «Ése es ahora el reto», junto con la concienciación social.

En concreto, se trata de eliminar tanto el rechazo de aquellos sectores -rurales, ganaderos, forestales, cinegéticos, inmobiliarios, etc.- que ven en las figuras de protección ambiental un freno al desarrollo económico, «porque no es así», como las ansias de quienes las consideran una máquina de hacer dinero. «Ni una cosa ni otra, hay que buscar el equilibrio», apostilló Bonnet. El anuario, auspiciado por la Fundación BBVA, aúpa un año más a Andalucía como la comunidad con mayor número de hectáreas protegidas, 1,6 millones, el 27,6% del total estatal, aunque sólo un 18,8% del territorio autonómico.

Información obtenida del periodico Sur.